¿Está el órgano electoral programando su propia desaparición?
¿El Tribunal Electoral decide el futuro de la reforma judicial?
En los próximos días, el INE resolverá la controversia sobre la asignación de diputados plurinominales para la próxima Legislatura. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral, con tres de sus cinco magistrados emitiendo el voto decisivo.
Esta determinación tendrá un impacto directo en la configuración del Congreso y, por ende, en el destino de la reforma al Poder Judicial.
Diversos sectores, como juristas, intelectuales y líderes de opinión, manifiestan su inquietud ante las implicaciones de dicha reforma. Recientemente, el Consejo Coordinador Empresarial se ha unido a estas voces solicitando a los órganos electorales una interpretación amplia del artículo 54 constitucional.
Según el informe más reciente sobre las modificaciones al dictamen de reforma constitucional, el Tribunal Electoral sería el último de los órganos judiciales afectado por la reforma. A diferencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, su renovación no ocurriría hasta 2027.
En pocas palabras, el futuro de la reforma judicial está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral. De su criterio, experiencia, interpretación de la ley, resistencia y entendimiento del derecho, dependerá no solo la preservación de los equilibrios democráticos, sino también su propia supervivencia como institución independiente de la influencia política y la cooptación por parte del partido en el poder.
¿Presiones políticas sobre el Tribunal Electoral?
Desde altas esferas del gobierno han surgido presiones políticas. Primero, con la secretaria Luisa María Alcalde interfiriendo en las competencias del INE, seguido por la presidenta electa Claudia Sheinbaum exhortando a las autoridades electorales a actuar según su conveniencia, incluyendo posibles tergiversaciones u omisiones de la exposición de motivos del Constituyente de 1996.
En resumen, el Tribunal Electoral corre el riesgo de autodestruirse al plegarse a los intereses de AMLO, la presidenta electa Sheinbaum y el partido oficial, entregando así el Congreso de la Unión en bandeja a la coalición dominante.
