¿Realidades opuestas a las expectativas?

Tras el reciente proceso electoral, cuando las vías tradicionales de canalizar la resistencia al poder se ven limitadas, surge un escenario de confrontación al margen de las normas democráticas habituales.

El oficialismo argumenta que la huelga de los trabajadores del Poder Judicial es ilegal y lo considera una medida de carácter político. Si bien es un acto basado en hechos y motivaciones políticas, para quienes ven amenazados sus derechos fundamentales, como su empleo, y no encuentran cauces legales para defenderse o expresar su descontento, la calle se convierte en el único medio de lucha. En este contexto, el presidente López Obrador se ve atrapado y desvirtúa la situación acusando a los trabajadores de favorecer a los sectores corruptos que controlan el Poder Judicial.

La manera en la que el presidente define a un buen juez se ilustra con el caso de la ministra Lenia Batres, designada unilateralmente debido a la falta de consenso en el Senado. La parcialidad evidente en las acciones de López Obrador se refleja en diferentes ámbitos, afectando la imparcialidad en el gobierno, en organismos electorales, asignación de presupuesto, organismos autónomos e incluso en funciones que comprometen la esencia de la justicia. Un juez parcial, por más nobles que sean sus causas, socava los principios fundamentales de la justicia.

El presidente asegura a los trabajadores que la reforma no les perjudica, pero ¿cómo pueden confiar en sus palabras si les difama regularmente, tildándolos de corruptos al servicio del dinero? Su credibilidad solo llega hasta donde protege los intereses de los ciudadanos afectados por sus decisiones. La sumisión de los afectados oprimidos solo contribuye a la arbitrariedad y a dejar a la población en un estado de vulnerabilidad, sin siquiera permitirles expresar su descontento de forma legítima.

Adicionalmente:

Las políticas actuales tienen el riesgo de desviarse de su curso, poniendo en peligro la estabilidad social y el apoyo al gobierno. Esta situación, liderada por los poderes establecidos, puede desencadenar procesos represivos que aumentan la discordia y disminuyen el consenso en torno al régimen y sus líderes. Cuando la política se aparta de los cauces establecidos, la represión no tarda en aparecer, pasando de ser selectiva y planificada a ser generalizada e inevitable en un contexto de descontento generalizado.

Los ganadores de las elecciones asumen que tienen carta blanca para dirigir el país según sus intereses. La actitud maximalista de López Obrador define su gestión, pero la realidad es cambiante y las condiciones políticas evolucionan con el paso del tiempo. La economía, la política, la legalidad, la inseguridad, las instituciones de bienestar y las relaciones internacionales son elementos que se ven alterados cada seis años. Ante los desafíos y costos sociales y económicos que se presentan, es inevitable que el consenso en torno al gobierno se vea afectado, poniendo en riesgo el régimen democrático.

En la actualidad, el régimen cuenta con el control del Congreso, de la mayoría de los medios de comunicación y próximamente también de las instancias judiciales. Sin embargo, modificar las reglas referentes a los organismos electorales, que actualmente parecen estar bajo control, y excluir a sectores plurales de la representación política según la propuesta de reforma constitucional de López Obrador, conlleva riesgos para la estabilidad política y puede desatar una resistencia social.

La oligarquía, especialmente aquellos que se benefician de las concesiones y contratos gubernamentales, han sido aliados principales del régimen. Pero cuando la política se torna confrontacional y la estabilidad se ve amenazada, los negocios se ven afectados. La falta de entendimiento sobre los límites que implica la democracia, la necesidad de contrapesos y reglas que reflejen la diversidad y canalicen el descontento pueden desembocar en un escenario de confrontación que, como se presentó meses atrás, compromete la estabilidad social.