Transición de sistema democrático a centralizado y autoritario
De la época de cambio a la concentración de poder y autoritarismo
Tras el periodo de apertura democrática, que tomó fuerza con la transición democrática en España y el proceso de reforma política en México en 1977, precedido por la introducción de diputados de partido en 1963, que influyó en la agenda de las reformas constitucionales del país, hasta casi finales del siglo XX, surgió una nueva etapa caracterizada por el desencanto con la democracia, que desvió los reclamos hacia la prioritaria búsqueda de resultados en la gestión gubernamental.
Se generó un clima de desilusión democrática al notar que no se lograban las metas esperadas en cuanto a mejoras en el bienestar social, el desarrollo, la protección del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico. Las encuestas del Latinobarómetro reflejaron de forma aguda la desafección hacia la demanda democrática en América Latina, al mismo tiempo que crecía el anhelo por una gestión gubernamental efectiva y pragmática.
De este desencanto surgió y se fortaleció la aparición del populismo que se fundamenta en la crítica al pasado marcado por la corrupción, abogando por la reivindicación del pueblo como una entidad olvidada y digna de ser rescatada, en contraposición a la oligarquía y sus excesos. Este populismo no se define por una ideología específica, pero sí se convierte en un enfoque de gobierno que polariza a la sociedad en dos grupos: uno que debe ser castigado y otro que merece ser enaltecido repetidamente para legitimar las acciones tomadas.
En México, esta tendencia se traduce en un escepticismo hacia el sistema institucional para la formulación de políticas públicas, optando por un modelo donde predominan las decisiones personales del gobernante. Se establecen conexiones directas que fomentan una relación clientelar con los beneficiarios, sin mecanismos transparentes de evaluación y control del gasto público. Al mismo tiempo, las políticas destinadas a proteger los derechos sociales reconocidos constitucionalmente se ven afectadas por recortes y subejercicios, especialmente en sectores como la salud pública y el suministro de medicamentos.
Se configura así una visión de la gestión gubernamental que evade los mecanismos de control, la evaluación y la participación de organismos autónomos, buscando centralizar el poder y evitar cualquier injerencia que limite la autoridad del gobierno. Se rechaza la intervención del poder judicial en los procesos relacionados con la legalidad y constitucionalidad de las leyes aprobadas, pues se considera que obstaculiza la gestión centralizada y expansiva del gobierno para cumplir con sus objetivos.
En línea con esta perspectiva, el gobierno propone una serie de reformas constitucionales y legales, buscando asegurar que la próxima legislatura del Congreso en la Cámara de Diputados le otorgue, a través de su partido y aliados políticos, una mayoría ampliamente favorable para impulsar cambios constitucionales que enfrentarán menor resistencia en el Senado debido a la cercanía de alcanzar la mayoría calificada en ese órgano legislativo.
Con el amplio respaldo electoral del 60% obtenido por Morena y sus coaliciones en las elecciones presidenciales, y el 54% de los votos en el Congreso, buscan justificar retórica y mantener una presencia en la Cámara de Diputados que represente el 73% de los escaños totales, superando las restricciones impuestas por críticos y opositores a sus propuestas y gestión pública.
Una vez que se desplaza el énfasis en la lucha democrática y se demanda eficacia en la gobernanza, se vislumbra un escenario que limitará los contrapesos y controles al ejercicio del poder, promoviendo una concepción ética basada en la virtud del gobierno en lugar de la legalidad de sus acciones.
Se busca concretar un cambio iniciado en 2018 que elimine los controles y equilibrios propios del modelo republicano que restringen la acción gubernamental y que se manifiestan a través de una institucionalidad consolidada. Todo lo que obstaculiza la gestión debe ser eliminado, transformado o neutralizado, incluyendo organismos e instituciones que regulan la actividad del gobierno, el cual se proyecta como representación del pueblo trabajador y, por ende, no debe verse limitado por mediaciones o controles perjudiciales y corruptos. El gobierno prescinde de controles y busca su reducción y eliminación.
El enfoque del constitucionalismo liberal, que impone límites y controles al ejercicio del poder, fomenta la participación de la oposición, la crítica y la pluralidad como garantía de los derechos humanos, está siendo desplazado por una propuesta que concentra y centraliza el poder, promoviendo un autoritarismo respaldado por una abrumadora presencia en la Cámara de Diputados que altera significativamente la proporcionalidad de su representación en dicho órgano legislativo.
En este escenario, no se busca la imparcialidad y autonomía de las autoridades electorales, sino que se demanda sumisión, tal como lo plantean los sectores oficialistas y sus seguidores, exigiendo literalidad y obediencia por sobre todo razonamiento y argumentación.
