Artículo sobre la Tendencia Emergente de Desactivar Protestas Obreras

Por

Agustín González

agosto 26, 2024 a las 17:44 GMT-6

La propuesta de modificar el sistema judicial, introducida por el poder ejecutivo, se ha convertido en una demanda ampliamente aceptada.

Es evidente para la sociedad la urgencia de transformar de raíz todo el sistema judicial en México; el debate al respecto no se ha limitado a los espacios formales e institucionales convocados por el poder legislativo, también ha abarcado ámbitos como universidades, organizaciones civiles, de derechos humanos, entre otros; y las asociaciones sociales han incluido en sus debates y actividades permanentes la discusión sobre este asunto.

A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación han difundido una sola narrativa, la que favorece a sus propietarios; la percepción que tiene la sociedad mexicana sobre el sistema judicial no cambia: la ley se aplica de manera parcial, influenciada por aquellos que ostentan el poder económico y controlada por un grupo reducido, una élite privilegiada.

Hace tres décadas, Ernesto Zedillo optó por suprimir la Suprema Corte de Justicia, reducir el número de ministros y establecer el Consejo de la Judicatura.

En aquella época, ni el PRI ni el PAN protestaron, y el poder judicial se sometió a lo que en ese momento algunos analistas consideraron un golpe de Estado del ejecutivo. Quizás lo único que perdura de esos días es la reestructuración del sindicato que actualmente representa a los trabajadores del poder judicial.

Impacto del Sindicalismo en el Poder Judicial

El sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, establecido en 1938, ha pasado desapercibido en la historia sindical moderna; desde entonces no se tiene información sobre esta agrupación, nunca se les ha visto participar en movilizaciones, liderar protestas o formar parte de alguna coalición sindical, ni siquiera durante la disolución de la Corte por parte de Ernesto Zedillo; tal vez, se menciona en algunos periódicos antiguos en relación a las marchas oficialistas del primero de mayo de los gobiernos priistas.

Se trata de un sindicato inactivo, una entidad creada para justificar la élite que se ha formado en el poder judicial, de la cual no solo forman parte jueces o magistrados; en este sistema, cada decisión se consensúa entre el sindicato y los jefes (magistrados) en funciones.

Repercusiones de la Reforma Judicial en el Ámbito Internacional

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México (JUFED), nació como un órgano protocolario que sirve para felicitar entre jueces y ministros, otorgar reconocimientos eventuales y títulos honoríficos a algún político, pero sobre todo es el ente encargado de validar los numerosos privilegios de sus miembros.

La semana pasada, los empleados del poder judicial iniciaron una huelga indefinida, exigiendo la retirada de la propuesta de reforma judicial; el sindicato organizó la ocupación y cierre de los edificios y oficinas judiciales más importantes a nivel nacional.

Posteriormente, la enérgica asociación nacional de magistrados y jueces de México se sumó al paro, contando con la adhesión de ministros, jueces y magistrados.

Si bien cualquier protesta que busque reivindicar y proteger los derechos laborales debe recibir un respaldo firme de todos los sectores de la sociedad que aboguen por la justicia social, es importante destacar que la paralización convocada por los empleados del poder judicial no guarda relación directa con sus condiciones laborales y derechos, puesto que la reforma judicial no aborda en ningún punto ni las conquistas ni las condiciones laborales actuales.

Lo que tampoco se discute, pero inevitablemente ocurrirá, es la necesaria transparencia y gradual eliminación de los privilegios que han pasado de ser prácticas habituales a derechos adquiridos por aquellos que lideran los juzgados y tribunales en las distintas regiones y a nivel nacional.

La huelga en el poder judicial no representa en absoluto un movimiento en defensa de los derechos laborales. Tanto el sindicato como la JUFED tienen total libertad para expresar sus demandas, pero si desean acercarse a la verdad, deberían abstenerse de presentarse como trabajadores en lucha por sus derechos laborales.

En realidad, la huelga indefinida funciona como un rompimiento con una decisión democrática tomada por el 60% de la población mexicana, constituyendo una respuesta ajena a las reivindicaciones y luchas de la clase trabajadora en México.