Advertencias de facultades de derecho sobre riesgos de reforma judicial

Advertencias de facultades de derecho sobre riesgos de reforma judicial

Advertencias de centros universitarios sobre posibles consecuencias de ajuste legal

Los centros educativos de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana expresaron preocupación acerca de los potenciales peligros que podría acarrear la modificación en el sistema judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Líderes de Morena y sus aliados pretenden lograr un cambio en el sistema legal, liderado por AMLO y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de modificar el artículo 95 constitucional para la elección popular de jueces, magistrados y ministros por un periodo de 12 años.

A pesar de esto, diversos grupos de influencia han rechazado la idea de que los representantes del Poder Judicial sean seleccionados por voto popular según lo plantea la iniciativa; en respuesta, las principales instituciones educativas de Derecho se han unido a la oposición contra esta reforma.

No hay que olvidar que desde el miércoles 21 de agosto ha comenzado un paro laboral en el ámbito judicial promovido por empleados, magistrados y jueces, quienes también han señalado los presuntos riesgos que implicaría esta reforma; este paro permanecerá por tiempo indeterminado.

Rechazo de las Facultades de Derecho de la UNAM, ITAM y Universidad Iberoamericana hacia cambios en el sistema judicial

En referencia a las modificaciones propuestas en el sistema judicial, las instituciones educativas de Derecho de la UNAM, ITAM y la Universidad Iberoamericana han difundido un comunicado manifestando su solidaridad con los trabajadores del sistema judicial, quienes han iniciado un paro en contra de la propuesta de Morena y sus aliados.

Se ha emitido un comunicado a través de redes sociales el día de hoy martes 27 de agosto, donde los alumnos no han presentado una alternativa a la reforma, simplemente han expresado que se necesita una propuesta que “refleje la realidad social de nuestro país”:

“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal y nuestra búsqueda de una Reforma Judicial que atienda de manera efectiva las realidades de nuestra sociedad, respete la independencia del Poder Judicial y priorice los derechos de todos los ciudadanos”

Postura crítica de las Instituciones Educativas de Derecho sobre las reformas judiciales propuestas

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El comunicado emitido por las facultades de Derecho de la UNAM, ITAM y la Universidad Iberoamericana ha afirmado que los cambios previstos en el sistema judicial, impulsados por AMLO y Claudia Sheinbaum, “ponen en peligro el equilibrio de poderes y la justicia imparcial”.

Aunque no se detalla por qué estas modificaciones amenazarían estos principios, también se argumenta que se debilitarían los derechos humanos y el proceso justo en la administración de justicia:

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“Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la independencia judicial. Cualquier ajuste que intente influir, directa o indirectamente, en la autonomía de los impartidores de justicia, pone en peligro el equilibrio de poderes y la justicia imparcial. Los derechos humanos y el proceso debido son garantías que deben ser reforzadas y no debilitadas. Cualquier reforma que restrinja estos derechos o facilite intervenciones indebidas en los procesos jurídicos, atenta contra los Principios Constitucionales que protegen a todas las personas de posibles abusos de poder”

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También se destaca la ausencia de un diálogo previo a la aprobación de la reforma al sistema judicial. Sin embargo, los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, impulsados por la Cuarta Transformación, se llevaron a cabo del 27 de junio al 8 de agosto en la Cámara de Diputados:

“Es alarmante que una modificación de esta magnitud se esté realizando sin un diálogo inclusivo real. Este diálogo debería contar con la participación de los jueces, expertos, académicos, sociedad civil, profesionales del derecho y estudiantes, quienes representan la próxima generación de juristas y defensores de la ley y del pueblo”

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