Impacto negativo en el poder judicial federal y el país

Impacto negativo en el sistema judicial y la nación

Observo las visiones de jóvenes empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresándose en silencio y posteriormente felicitando a su líder, la ministra Norma Piña. Rememoro mi tiempo como aprendiz en ese mismo nivel de la Corte, hace treinta años, y me entristece y enoja la desolación e incertidumbre que deben estar experimentando esos jóvenes abogados, pero más que nada me indigna la manera en que están siendo engañados. Es importante narrar lo ocurrido para ellos.

El presidente López Obrador y su administración están escasos de recursos. Asimismo, desean enviar señales de empoderamiento en contra del sector empresarial en sus últimos treinta días. Se presentan conflictos con varios empresarios y medios de comunicación, especialmente desde que los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios cuestionaron, la semana pasada, la representación excesiva que busca – y ahora obtendrá – Morena y sus aliados.

En este contexto, desde la Corte se han observado muestras de respaldo institucional al sector empresarial. En primer lugar, con dos casos que suman más de $35 mil millones de pesos, en presuntas deudas al SAT por parte de Elektra, los cuales han estado en espera por más de mes y medio bajo la presidencia de la Corte, para luego ser enviados para estudio en estos últimos días. Independientemente del fallo final, esto impide que López Obrador pueda considerar una victoria sobre estos casos. La presidenta pudo haber optado por enviar estos asuntos para una revisión adicional hace más de un mes. Su inacción levanta sospechas.

De la misma manera, en otro tema de gran magnitud, Norma Piña puso en lista, recientemente, el caso de Operadora de Centros Comerciales Opción, una subsidiaria de una importante compañía canadiense, British Columbia Investments. Este caso involucra un pago millonario de intereses sobre créditos fiscales indebidos que el SAT intentó cobrar en 2012. Esta empresa, que originalmente debería haber pagado 492 millones, busca ahora que, con intereses y recargos, se establezca desde la Corte una nueva fórmula para cobrar casi mil millones de pesos. Este criterio afectará otros conflictos fiscales contra el SAT.

En esta situación llegamos al 22 de agosto. El presidente del PAN, Marko Cortés, presenta una contradicción legal ante la Corte para clarificar el reparto de escaños en la Cámara de Diputados. Sorprendentemente, la presidenta de la Corte, en menos de 24 horas, admite el litigio y lo asigna al ministro Juan Luis González Alcántara, quien ha sido su consejero político de confianza. La revelación de este hecho provocó una fuerte reacción en el sistema electoral y político.

La Corte barajaba dos opciones polémicas: i) suspender la sesión del Tribunal Electoral durante algunos días para estudiar el litigio y proponer un criterio sobre la sobre-representación. Esta alternativa generó controversia, ya que en contradicciones y asuntos electorales no se suelen suspender sesiones, aunque la Corte ha tomado esta medida en situaciones similares previamente. La otra posibilidad esperada era ii) que la Corte circulara un proyecto para ser votado antes de la sesión del Tribunal Electoral, también ofreciendo un criterio.

Ninguna de estas opciones se materializó, ya que durante la noche del lunes y la mañana del martes, los ministros de la Corte recibieron múltiples presiones: amenazas de perder sus pensiones vitalicias, posibles denuncias penales, juicios políticos, entre otras. Ante estas presiones, la presidenta de la Corte y su ponente decidieron dar marcha atrás en un acuerdo que habían hecho con el presidente del PAN.

Después de ceder a las presiones y modificar su plan original, Norma Piña estaba tan nerviosa que, al inicio de la sesión de Pleno del día siguiente, no pudo explicar a sus colegas ministros la votación que se llevaría a cabo para evitar la sesión. Finalmente, renunciaron a tratar el tema de la sobre-representación. De esta manera, la Corte ya no tiene la firmeza necesaria para desafiar al gobierno. Tampoco para cumplir con su trabajo de manera efectiva.

Así, cuando se analice este momento en la historia del país, se deberá evaluar la actuación de la Corte y su presidenta. No del INE, ni del Tribunal Electoral. Es crucial observar cómo se manejaron las decisiones en la Corte y cómo se desperdició la oportunidad de establecer un criterio ante las ambigüedades legales relacionadas con la sobre-representación.

Los jóvenes miembros del Poder Judicial Federal deben reconocer que la paralización de actividades fue organizada por los trabajadores ante la falta de liderazgo superior. Durante tres meses, ni la Corte ni el Consejo pudieron presentar una contrapropuesta a la reforma judicial propuesta por el oficialismo, demostrando que la mayoría de los ministros están más preocupados por sus pensiones vitalicias que por realizar su labor judicial.

El presidente López Obrador tenía a los ministros bajo control. Con la promesa de mantener sus pensiones vitalicias, logró influir en su comportamiento. No fue necesario implementar un artículo transitorio, como se sugirió en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para destituir a Norma Piña. Resultó ser la antagonista “perfecta” para López Obrador, quien decidió mantenerla en su cargo. Fue una líder inepta guiando a todo un Poder hacia la crisis.

Con lo expuesto, queda claro que el Poder Judicial, y especialmente la Corte, requieren una reforma urgente, la cual la que se está discutiendo actualmente dista de ser la más apropiada. A los jóvenes que han tomado una postura en los pasillos de la Corte y en las protestas en los juzgados a lo largo del país, les corresponde luchar por la justicia que anhelan, por el México que sueñan. Han sido abandonados y traicionados. Es hora de comenzar de nuevo.