El desorden legal alarmante

La problemática legal inquietante

Como se ha comunicado, la mayoría de los 11 jueces de la Suprema Corte votaron a favor de someter a revisión, por parte del tribunal, la validez constitucional de la modificación al sistema judicial.

Una situación de crisis parece aproximarse. Recomiendo encarecidamente la lectura de mi columna titulada “Rumbo a una crisis de índole constitucional”, la cual fue publicada en este espacio de SDPnoticias hace unas semanas.

Según expertos en derecho, la Suprema Corte no tendría la autoridad para analizar una reforma constitucional. Por un lado, el tribunal está subordinado a la Constitución, no por encima de ella, y por otro lado, no hay precedentes judiciales al respecto.

Además, se plantea –y esto sería un argumento que inclinaría la discusión a favor del gobierno– un conflicto de intereses dado que los propios jueces son el objeto de la mencionada modificación.

¿Por qué no hay precedentes judiciales? Es simple: las reformas constitucionales previas surgieron de un consenso entre partidos políticos, reflejando las contribuciones y acuerdos de todos los legisladores.

La reforma judicial reciente, en cambio, se ha caracterizado por ser una violación flagrante perpetrada por el partido oficial contra las agrupaciones minoritarias en el Congreso, además de la falta de transparencia que ocurrió en el Senado.

No obstante, la otra línea de argumentación, respaldada por los 8 jueces, sugiere que la Corte sí posee la autoridad para proteger a la propia constitución ante una reforma que atente contra sus principios fundamentales.

Sin profundizar en un tema que podría resultar densamente técnico y propio del ámbito jurídico, los 8 jueces parecen estar sentando un precedente.

Planteándolo de manera hipotética, ¿Podría la Suprema Corte declarar la invalidez de una modificación a la Constitución que permitiera la esclavitud en México? Sería claramente una violación de los principios más arraigados del documento. Bajo este enfoque, la Corte sí tendría la competencia para valorar la inconstitucionalidad de una reforma.

En cualquier caso, y a la espera de conocer la decisión futura de la Corte, se trata de un debate que seguramente no llegará a un consenso. El Tribunal emitirá su decisión, y el Congreso así como la presidenta Sheinbaum estarán obligados a acatarla, o en su defecto, arriesgar al país a una grave crisis constitucional.

Contenido adicional:

Es fundamental que en situaciones delicadas como estas se respeten los principios legales fundamentales para mantener el equilibrio en el sistema judicial.