El precio de la rigidez del poder absoluto
El dilema del poder absoluto y su rigidez
A pesar de la concepción extendida, no fue el PRI quien gobernó durante largos períodos en el país. Este partido funcionó como un instrumento del presidente, situación similar a la actualidad con Morena. Este hecho resulta crucial para comprender la capacidad del régimen anterior de adaptarse a medida que evolucionaba la nación. La denominada dictadura perfecta o dictablanda se mantuvo por más de medio siglo gracias a su habilidad para ajustarse con modificaciones cada seis años, alejándose del simple continuismo y sin el ímpetu renovador característico de un sistema democrático.
Es común recurrir al pasado para interpretar el presente y aceptar que al igual que los presidentes anteriores imponían su agenda, la presidenta Sheinbaum también lo hará. Sin embargo, parece que en este caso no se cumple, a pesar de las expectativas de que ella introducirá cambios significativos respecto a López Obrador. A pesar de las reiteradas afirmaciones de un cambio sustancial, Sheinbaum ha señalado en múltiples ocasiones su enfoque en la continuidad, argumentando que su gestión seguirá la misma línea, aunque con su propio estilo, lo que implica un cambio en la forma más que en el contenido, corrigiendo los modales poco adecuados de López Obrador pero sin modificar las decisiones.
Los observadores y gran parte de la oposición parecen no aceptar plenamente que en las elecciones el mandato recibido fue por continuidad. La victoria fue abrumadora y la candidata Sheinbaum se comprometió a dar seguimiento al proyecto de la llamada cuarta transformación, enfatizando su apoyo a la agenda legislativa propuesta por el presidente saliente, la cual incluye una rápida reforma al Poder Judicial Federal y a la SCJN, alterando los fundamentos del sistema democrático. La propuesta de una militarización completa de la seguridad pública, totalmente opuesta a la visión histórica de la izquierda mexicana, está en proceso de aprobación.
La rigidez frente a la resistencia al cambio es un rasgo tanto del presidente saliente como de la próxima presidenta. Esta postura se basa en una convicción doctrinaria, que defiende su perspectiva no por la bondad de sus propuestas –cuestionables en su totalidad–, sino por mantener el control autoritario, emulando en esto al régimen anterior. La idea de ceder terreno representa validar al opositor y debilitar la posición política y moral del proyecto en cuestión. La intransigencia es inherente al poder autocrático, lo que se traduce en la prisa, la cerrazón, los insultos hacia las opiniones divergentes y la negativa a escuchar; así como en el pragmatismo al momento de buscar la aprobación de medidas, todo con el propósito de consolidar el poder presidencial, aunque implique aceptar alianzas poco éticas como la de Yunes Linares.
El régimen autoritario resulta perjudicial para el bienestar de la población. Aunque se han implementado políticas de gasto para otorgar beneficios económicos directos a amplios sectores de la sociedad, se ha descuidado la red de protección social necesaria para financiar estas acciones. Tanto el sistema de salud como el educativo han sido abandonados, dejando a 50 millones de mexicanos en estado de desamparo. Este enfoque puede generar apoyo electoral, pero no asegura un verdadero bienestar social.
La generación de bienestar requiere un crecimiento económico sostenido como base fundamental. Sin este factor, cualquier intento por mejorar las condiciones de vida de la población será infructuoso. El Estado necesita ingresos para cumplir con sus obligaciones, y el crecimiento económico no solo genera empleo y oportunidades, sino que también promueve el desarrollo en su totalidad. La política de subsidios, tanto contributivos como no contributivos, ejerce una presión adicional sobre el gasto público. Los próximos años del gobierno enfrentarán el desafío de revisar las premisas básicas del obradorismo ante esta realidad.
El crecimiento económico no puede lograrse solo con discursos moralistas o políticas vacías, ni con promesas bien intencionadas. La economía necesita inversión, y actualmente se evidencia una participación pública marginal en este ámbito. La colaboración del sector privado, con sus incentivos y condiciones que brinden certeza y confianza, resulta imprescindible. Estos elementos se diluyen en una autocracia que desestima las reglas, los órganos autónomos y un sistema judicial confiable.
La intransigencia propia de un gobierno autoritario tiene consecuencias que inevitablemente afectan a toda la nación. Las perspectivas futuras no son alentadoras, y la realidad demostrará tarde o temprano el alto costo de ignorarla.
